REUTERS: Alquileres en Venezuela, entre la extinción y el abuso

CARACAS, mayo 20 (Reuters) – Cuatro familias del edificio Boconó, en una urbanización clase media de la capital de Venezuela, se tuvieron que conformar con vivir alquilados en lo que antes eran guardamaletas, unos incómodos espacios sin drenajes, medidores eléctricos o adecuada ventilación.
“Algunos están pagando 1.500 bolívares al mes (unos 350 dólares al cambio oficial) por estos espacios, de apenas 20 metros cuadrados. La falta de desagües trajo filtraciones y malos olores al edificio, las ratas se meten y el calor es insoportable”, dijo Yuruaní Prado, una de las inquilinas.
El Boconó es uno de los 99 edificios que este mes quedaron protegidos por un decreto que impide el desalojo mientras son vendidos a quienes los han ocupado hasta por 45 años.
El presidente Hugo Chávez, quien tiene intenciones de buscar la reelección en el 2012 para profundizar su revolución socialista, ha prometido en los próximos seis años saldar la deuda pendiente que en materia de vivienda ha acumulado su Gobierno tras más de una década de escasa inversión.

Rentar un apartamento de dos habitaciones en el este de Caracas puede costar unos 1.600 dólares al mes, casi cinco veces el salario mínimo

El pilar de esa política fue lanzado a inicios de mayo bajo el nombre de “Gran Misión Vivienda Venezuela”, cuya meta es construir hasta el 2017 las 2 millones de viviendas que -según sus cálculos- cubren el déficit de la población del país de unos 29 millones de habitantes.
El programa está dirigido a viviendas nuevas para que sean habitadas por sus propietarios, pero para la otra arista del asunto, la de los alquileres, se han planteado otras medidas.
Varias leyes nuevas, entre ellas una que regula el desalojo y la reforma de la normativa de arrendamientos vigente, pretenden dar un vuelco al sistema de alquileres en Venezuela, uno de los más caros de América Latina, afectado en los últimos años por una abrupta reducción de la oferta.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela estima que apenas el 2 por ciento de las viviendas del país se destina a renta, en comparación con el 30 por ciento que se alquiló en el 2000.
Las amenazas del Gobierno a la propiedad privada, la congelación de los cánones de arrendamiento por más de ocho años, el incremento de las protecciones al inquilino y un déficit de viviendas que el Gobierno calcula en 2 millones de unidades mantienen los alquileres en peligro de extinción.
Rentar un apartamento de dos habitaciones en el este de Caracas puede costar unos 1.600 dólares al mes, casi cinco veces el salario mínimo, lo que obliga a muchos a alquilar habitaciones, vivir en pensiones con incomodidades o en condición de hacinamiento.
Tras recorrer un tortuoso camino, muchos de quienes encuentran un alquiler accesible luego se resisten a dejarlo.

Indefensos

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, afirma que la insuficiencia de alquileres se deriva del déficit habitacional y cree que los problemas para arrendar seguirán empeorando debido al exceso de regulaciones.
“Al no construirse viviendas, las que están en alquiler cada día son menos y después tenemos una regulación de los cánones que ya va a cumplir nueve años, en un país con una inflación de 25-30 por ciento anual”, dijo.
Martini sostiene que la congelación de precios impide cubrir los gastos operativos de los edificios.
Luis Fernández, quien heredó de su padre dos pequeños apartamentos en la turística isla de Margarita que llevan más de una década en alquiler, puede dar fe sobre la indefensión en que se encontrarían ahora los propietarios.

Pagaba unos 400 dólares cuando decidió pedir protección al Estado, que redujo su mensualidad a un poco más de un dólar

Uno de sus inquilinos, quien se resiste a devolver el inmueble, solicitó al Gobierno la regulación de su renta y ahora deposita unos 100 dólares al mes en un tribunal.
“Mi mamá ya no aguanta más. La inmobiliaria nos dice que hay que ofrecerle por lo menos 40.000 bolívares (casi 10.000 dólares) al inquilino, que ni siquiera paga los servicios y tiene el apartamento deteriorado, para que acceda a desalojar. La única salida es vender todo e irse del país”, dijo.
Pero aunque los propietarios sienten que se vulnera la propiedad privada, las nuevas regulaciones, sobre todo la congelación de las rentas, ha sido un alivio para muchos.
Yuruaní Prado, que vive junto a su hijo y una nieta, pagaba unos 400 dólares cuando decidió pedir protección al Estado, que redujo su mensualidad a un poco más de un dólar.
Apoyado por movimientos sociales que consideran la vivienda un derecho humano, en lugar de una mercancía, el Gobierno intenta resolver muchos desacuerdos entre propietarios e inquilinos regulando las rentas en edificios como el Boconó, que tiene 57 años de antigüedad.
“Realmente no leí el documento de arrendamiento en el año 2002 cuando me mudé para acá porque no tenía otra alternativa. Ahora esperamos que nos vendan a un precio justo”, dijo Prado.

Por Marianna Párraga

Jessica Dias